Una de las causales de inhabilitación para contratar con el Estado es aquella vinculada a contratar con éste estando impedido de hacerlo. Entre otros, está impedida de contratar con el Estado, la sociedad que cuenta con accionistas, directores, representantes legales o apoderados comunes al sancionado. También lo están aquellos que recurren a la reorganización societaria o a los testaferros para enervar los efectos de la sanción impuesta. El presente artículo aborda estos casos y plantea en qué supuestos el
impedimento no debiera operar.
En: Revista del Círculo de Derecho Administrativo. RDA13.
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú